Hace unos días leía en la prensa que nuestro ministro de justicia, el señor Gallardón, aprobará en octubre la contrarreforma de la ley del aborto. La nueva ley nos hará retrotraernos al año 1985 en el que solo se contemplaba el derecho a la interrupción del embarazo en tres supuestos: violación; daño para la vida, salud física o psíquica para la madre; y malformaciones físicas o psíquicas del feto. Pero lo peor de todo es que me sentí hasta aliviada, ya que lo que planteaba en un primer momento el ministro era la eliminación del tercer supuesto, y eso ya si que nos ponía el vello de punta.
¿En qué estaba usted pensado cuando se le
ocurrió esa brillante idea? Déjeme adivinar, en lo mismo en lo que pensaba su
Consejo de Ministros cuando aprobó la reforma de la Ley de Dependencia,
reduciendo un 15% la ayuda al cuidador.
Es decir, no solamente pretendía usted
obligarnos a traer al mundo a una persona dependiente sin permitirnos
preguntarnos si estábamos capacitadas para hacer frente a esa situación el
resto de nuestra vida, sino que además pretendía que lo hiciésemos con las
zancadillas que nos pone su propio Gobierno.
Afortunadamente, esta postura
ultraconservadora chocó hasta con algunos miembros de su propio partido y eso
le hizo replantearse su aplicación; pero no por ello piense que vamos a aceptar
su contrarreforma, y me va a permitir que le explique por qué:
En primer lugar, el comité de Derechos Humanos, el de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el de Derechos del Niño, el de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, entre otros, defienden la interrupción del embarazo como uno de los derechos sexuales y reproductivos.
Y mire usted, señor ministro, me va a permitir que le diga
que en un país con un grave problema de desempleo, en el que probablemente
tenga que trabajar por un salario mínimo, con un horario incompatible con las
horas de atención que requiere un niño y bajo la amenaza de poder ser despedida
en cualquier momento y desahuciada por no poder pagar una hipoteca; me plantee
si deseo ser madre.
Además le diré que no me parece recomendable traer a un hijo
al mundo en un hogar donde no es deseado, en una familia que no puede hacerse
cargo de él o en un entorno inapropiado para su desarrollo.
Y entenderá que en cualquiera de estos casos, la decisión de
interrumpir un embarazo es ya suficientemente difícil para una mujer, como para
encima tener que soportar la demagogia de sus discursos criminalizantes.
Presupongo que ya sabrá usted que, entre otras cosas, esta
ley dará lugar a que solo las mujeres con recursos económicos suficientes
puedan permitirse abortar en otro país; o peor aún, que lo hagan de forma
ilegal y precaria arriesgando su salud.
Pero aun así, usted continua defendiendo los intereses de la Conferencia
Episcopal y claro… “con la Iglesia hemos
topado, amigo Sancho”. Y es que no me entra en la cabeza como en pleno
siglo XXI la decisión de ser madre se deja en manos de un Gobierno que además
se guía por principios propios de la primitiva moral judeocristiana que tanto
daño ha hecho a los derechos de la mujer.
